Este trabajo presenta los avances y conclusiones preliminares del proyecto de investigación “Las mujeres trabajadoras de la economía popular: militancia gremial e incidencia del salario social complementario en la reconfiguración del trabajo de cuidado sociocomunitario. El caso de la UTEP en el conurbano bonaerense” iniciado a fines de 2021. El objetivo principal de esta investigación consiste en indagar en la incidencia que ha tenido la remuneración mediante el Salario Social Complementario del trabajo de cuidados sociocomunitario en las trabajadoras de comedores y merenderos de distritos de zona norte del conurbano bonaerense en los que la Unión de Trabajadorxs de la Economía Popular (UTEP) tiene una fuerte implantación territorial. Implementamos una estrategia metodológica de tipo cualitativa, basada en entrevistas en profundidad a trabajadoras del ámbito sociocomunitario de barrios del conurbano bonaerense en Zona Norte en los que está implantada la UTEP (particularmente, en comedores y merenderos de las tres organizaciones sociales principales que componen la UTEP: CCC, Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie). Este trabajo presenta los avances más significativos de la investigación en relación con la articulación del trabajo de cuidados en el ámbito comunitario y el trabajo de cuidados del ámbito doméstico, las tensiones entre los mismos y las mutuas implicancias en las trayectorias laborales de estas mujeres. Se presentan aquí las conclusiones preliminares obtenidas luego del análisis de dos etapas de trabajo de campo realizado durante 2022 y 2023, a partir del análisis de las experiencias y percepciones en torno al trabajo que manifiestan las entrevistadas de las tres organizaciones sociales principales que componen la UTEP. Específicamente me interesa presentar algunos hallazgos relacionados a las tensiones entre el rol de cuidadoras de estas trabajadoras y la remuneración que reciben, sus percepciones acerca del trabajo y su autopercepción como trabajadoras a partir de la remuneración. Esta investigación de carácter descriptivo-exploratorio, tuvo como principal objetivo indagar en la incidencia de la remuneración que empiezan a percibir estas trabajadoras a partir de la sanción de la Ley de Emergencia Social en 2016 (por un trabajo históricamente considerado voluntario) en tres dimensiones: vida personal y vínculos familiares, situación económica y laboral, y militancia política-gremial en la organización de procedencia.
Esta investigación toma como marco teórico y conceptual la Teoría de la Reproducción Social, como teoría crítica del capitalismo que coloca en el centro del análisis las contradicciones del proceso de reproducción de la fuerza de trabajo en tanto proceso diferenciado pero indisociable de la producción de valor (Bhattacharya, 2018; Ferguson, 2020; Varela, 2023). La Teoría de la Reproducción Social (en adelante TRS) permite hacer foco en el conjunto de procesos involucrados en la reproducción de la fuerza de trabajo y de la vida de las personas pertenecientes a la “clase que vive del trabajo” (Antunes, 2005). Por estos motivos tomamos la TRS como perspectiva teórica nuclear, ya que estaremos observando qué sucede con el trabajo de reproducción social en el ámbito comunitario, específicamente en poblaciones que han quedado excluídas de la relación asalariada formal entre capital y trabajo en Argentina. En esta investigación partimos del concepto de crisis de reproducción social para observar lo que sucede en la región, en Argentina y particularmente en los barrios populares en los que se ha llevado a cabo el trabajo de campo. Fraser (2016) denomina crisis de reproducción social a la crisis que deviene de dos tendencias contradictorias que están inscriptas en la dinámica del capitalismo: la necesidad de provisión permanente de fuerza de trabajo para poder explotar, y la necesidad de bajar permanentemente los costos de producción y reproducción de esa fuerza de trabajo. La crisis del capitalismo neoliberal ha llevado la contradicción de esas tendencias a sus extremos, haciendo que la reproducción cotidiana y generacional de la fuerza de trabajo se vea amenazada por un triple proceso. En primer lugar, las políticas de ajuste estatal atacan las instituciones públicas que solían garantizar la reproducción (hospitales, escuelas, jardines maternales) y el avance de la privatización y mercantilización de esos ámbitos, acotan las posibilidades de las familias trabajadoras. Esas tareas pasan a estar cubiertas a través del trabajo no remunerado de miembros de la familia trabajadora o de sus redes, lo que implica, en la gran mayoría de los casos, una sobrecarga extra de trabajo para las mujeres (esta situación es la que observamos en Argentina con la proliferación de los espacios comunitarios desde fines de 1980). En segundo lugar, la reproducción social se ve amenazada por la precarización del trabajo asalariado y por la caída del salario real, que impiden a la mayoría de las familias trabajadoras la posibilidad de adquirir estos servicios en el mercado, por lo que empujan a extender la jornada de trabajo y a buscar varios trabajos, acotando el tiempo para para llevar a cabo el trabajo de reproducción social no remunerado en el hogar. En tercer lugar, la crisis de reproducción social se agrava con el ajuste y privatización de los servicios públicos como la vivienda, el transporte, el agua, la luz, etc. que aumentan el costo de reproducción de las familias trabajadoras (Varela, 2021). El “trabajo de cuidados” se define como las “actividades que se realizan y las relaciones que se entablan para satisfacer las necesidades materiales y emocionales de niños y adultos dependientes” (Daly y Lewis, 2000 p.285). La materialidad de este trabajo es sólo una de las dimensiones de la “relación de cuidados”, que reconoce, además elementos motivacionales y relacionales (Jochimsen, 2003). Es por estos motivos que en este análisis elegimos utilizar también los conceptos de “trabajo doméstico” y “trabajo de cuidados” que aporta la economía feminista por fuera de la TRS, porque entendemos que permiten destacar las dimensiones no materiales del trabajo reproductivo, sin perder de vista las tareas objetivas y físicas que implican. Desde esta perspectiva, el cuidado se puede entender como un plus afectivo que las mujeres entregamos a hombres, niñxs y personas mayores y/o con alguna discapacidad, razón por la cual la participación de las mujeres en el mercado laboral tiene un límite (Carrasco, 2021; Carrasquer, 2020). Varias autoras sostienen que la remuneración del cuidado tiende a reforzar estereotipos de género (“varón proveedor-mujer cuidadora”) y brinda incentivos económicos para que las mujeres más pobres se retiren del mercado de trabajo (Esquivel, 2015; Rodríguez Enriquez, 2020), llamando la atención sobre la triple jornada laboral que cumplen estas trabajadoras. Tampoco están exentos de contradicciones los programas de transferencias condicionadas vinculados al cuidado provisto por las mujeres, con condicionalidades que se asocian al cuidado, con ribetes familistas y maternalistas que refuerzan el cuidado como propio de las mujeres/madres (Esquivel, 2020). Frente a estas contradicciones decidimos observar lo que sucede con la remuneración de este trabajo en contexto de comunitarización del cuidado, entendiendo a ese proceso como parte de lo que Torrado (1981) describe desde el marxismo como estrategias de supervivencia familiar. El concepto hace referencia al hecho de que las unidades familiares pertenecientes a cada clase o estrato social, en base a las condiciones de vida que se derivan de dicha pertenencia, desarrollan determinados comportamientos para asegurar la reproducción material y biológica del grupo (entre ellas, redes de reciprocidad que se fundan en el parentesco o en la vecindad de residencia). La creación y autogestión de espacios comunitarios, inicialmente inaugurados con el objetivo de resolver la alimentación de las familias excluídas del sistema formal de empleo durante la década de 1990 en Argentina, cuya situación se agava post crisis de 2001, constituye parte de las estrategias de supervivencia familiar para asegurar su reproducción. Al hablar de formas comunitarias, hablamos de formas bien diferenciadas respecto al mercado y el Estado, que permiten atender necesidades sociales cuya satisfacción se ve amenazada, y que funcionan a partir de la autoorganización de un colectivo en relaciones horizontales, de reciprocidad y apoyo mutuo (De Angelis, 2003). Esta caracterización de lo comunitario enmarca la presente investigación, además de la concepción de que lo comunitario tiene potencial transformador para incidir en la politización y visibilización de los cuidados. Las prácticas comunitarias urbanas se sostienen en gran parte gracias a la politización de sus miembros, que se comprometen con el proyecto por una convicción crítica con las lógicas privatizadoras, personas movilizadas en torno a un tema concreto, interesadas en defender un espacio o recurso común (Subirats y Rendueles, 2016). En este sentido indagamos en la politización y participación (o ausencia de) de las trabajadoras de espacios comunitarios en el conurbano bonaerense. El estudio de procesos de comunitarización del cuidado se ha retomado durante los últimos años (Fournier, 2020; Paura y Zibecchi, 2014), ya que han sido fundamentales para la supervivencia en momentos de crisis socioeconómica, como es el caso de Argentina desde los noventa. Según Trenta (2019) las políticas sociales en Argentina se focalizan sobre poblaciones y territorios que constituyen la nueva marginalidad de las sociedades postindustriales; a partir de dos tipos: transferencias monetarias condicionadas a familias pobres e inclusión por medio del trabajo de organizaciones sociales de quienes no logran acceder al empleo por diversos motivos. Durante los últimos años asistimos, según el autor, a una transformación de la arquitectura de las políticas sociales, que responde al surgimiento de un nuevo paradigma de desarrollo social que contempla la existencia e impulso de la economía popular, social y solidaria. Las políticas sociales focalizadas en poblaciones y territorios específicos que se implementan desde esta concepción precisan fundamentalmente del accionar y contención de las organizaciones sociales que alcanzan a los barrios y sectores de la población que el Estado no logra cubrir con políticas tradicionales (Trenta, 2019). En esa línea observamos la Ley de Emergencia Social y el Salario Social Complementario; y la gremialización de la economía popular hasta la consolidación de la UTEP.
Hacia finales de 2016, en el marco de la sanción de la Ley 27.345 de Emergencia Social negociada entre organizaciones sociales y el gobierno nacional, se estableció el “Salario Social Complementario" para lxs trabajadorxs de la economía popular, cuyo monto en diciembre de 2017 ascendía a 4.430 pesos, representando el 50% del SMVM, que marca una diferencia con respecto a las políticas sociales relacionadas al trabajo hasta entonces. La implementación del Salario Social Complementario (en adelante SSC) en 2017 constituyó un hito significativo para la lucha de lxs trabajadorxs de la economía popular hasta ese entonces. La caracterización de lxs trabajadorxs de la economía popular supone la cristalización de la disputa de las organizaciones sociales por el reconocimiento adecuado de este sector, y a lxs trabajadorxs como tales: no como desocupadxs, no como receptorxs pasivxs de capacitaciones que esperan su inserción en el empleo formal, sino como trabajadorxs sin derechos. Los PTCI como medida de combate a la pobreza reciben numerosas críticas (Lo Vuolo et al, 1999; Cecchini y Madariaga, 2011), no sólo por su insuficiencia o incapacidad para resolver el problema estructural de fondo (CELS, 2007; CEPAL, 2011), sino también por los efectos no previstos de los mismos (Logiudice, 2011; Arcidiácono, 2012). Ningún analista serio puede concluir que un PTCI resolverá la cristalización de la marginalidad o la crisis de reproducción social en un determinado país o región (inherente, como expusimos, al propio funcionamiento del capitalismo). Lo que se valora en esta investigación es el impacto de la remuneración del trabajo de cuidados en los espacios comunitarios mediante el SSC (históricamente considerado “voluntario”) que colocó a las destinatarias (por lo menos en términos simbólicos y discursivos) como trabajadoras cuyas labores constituían un trabajo equiparable en derechos y en ingresos al trabajo en obras, en reciclaje o en cualquier otra rama de la economía popular. La perspectiva de la economía popular de la CTEP y la UTEP postula a este sector como “un sector de la clase trabajadora sin derechos laborales ni patrón” que, lejos de definir “otra economía”, constituye “una expresión de una economía global de mercado con la que tiene múltiples puntos de conexión” (Pérsico y Grabois 2014).